jueves, 8 de octubre de 2015

En la sociedad actual, la alta concentración de población en las áreas urbanas así como, las innovaciones tecnológicas con las cuales se han desarrollado medios de transporte de mayor capacidad y alta velocidad, han expuesto a los individuos ante un elevado riesgo de convertirse en víctimas de desastres masivos, tales como, las tragedias aéreas, los choques múltiples de vehículos, los choques de trenes, los grandes naufragios, etc. Además de estas situaciones accidentales, el hombre mismo se constituye en victimario provocando actos de violencia en las calles, los atentados terroristas, los suicidios y asesinatos en masa. De forma inexorable, las catástrofes naturales como huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos e incendios forestales, también arrojan gran cantidad de víctimas. Todos estos sucesos dejan a los sobrevivientes en condiciones de desamparo, sufrimiento y confusión colectiva, al mismo tiempo que por razones legales, morales, sociales y sentimentales, la comunidad demanda la identificación temprana de las víctimas. 

En medio de la conflictividad política, económica y social que caracteriza los países latinoamericanos, la situación carcelaria se constituye en un problema siempre postergado, donde factores como la carencia de recursos económicos, la corrupción administrativa, la arbitrariedad en las detenciones, el retraso en el proceso penal, el hacinamiento y las condiciones ambientales deplorables, acrecientan la inseguridad en los recintos penitenciarios. Es por ello que estos se han convertido en escenarios propicios para la sucesión de ciclos de incidentes violentos graves tales como asesinatos, motines, toma de rehenes, tráfico de drogas y armas, fugas masivas, etc., los cuales han generado un elevado número de víctimas. En medio de este panorama, el 3 de enero de 1994 en la Cárcel Nacional de Sabaneta en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, se desencadenó el suceso de violencia carcelaria que ha producido el mayor número de víctimas en nuestro país. A partir de una disputa por razones de liderazgo y territorio, un grupo de reos provocó un incendio donde fallecieron 101 reclusos y se produjo casi un centenar de heridos. El equipo que llevó a cabo las labores de identificación estuvo conformado por cinco patólogos, dos antropólogos y dos odontólogos forenses. Sin embargo, este proceso fue obstaculizado por la inexistencia de un archivo confiable de reseñas dactilares, así como de registros dentales en el servicio médico-odontológico que funcionaba en el penal, aunado a la escasa información suministrada por los familiares en relación con posibles odontólogos tratantes de las víctimas, antes de su ingreso al recinto carcelario [9]. 
El problema fundamental que se plantea el equipo médico-forense al momento de determinar la identidad de un cadáver, radica generalmente en el deterioro físico y el deficiente estado de conservación de los restos sobre los cuales debe actuar, cobrando así importancia la participación del odontólogo forense. En consecuencia, este especialista cumple un rol determinante en las labores de identificación médico-legal especialmente cuando se requiere identificar un gran número de víctimas producidas a partir de un desastre masivo, donde el mal estado de conservación de los restos, así como la presencia de cuerpos mutilados, carbonizados y esqueletizados, dificulta considerablemente los procedimientos de identificación. 
Ahora bien, existen condiciones que le confieren este importante papel a la Odontología Forense. Dentro de este contexto, encontramos que tanto los dientes naturales como los materiales empleados en la confección de aparatos protésicos y ortodóncicos poseen una alta resistencia ante la acción de agentes físicos y químicos lesivos (fuego, ácidos y bases fuertes, etc.). Además, las estructuras orales y periorales se encuentran protegidas por los tejidos musculares que recubren el macizo facial. Particularmente, la dentadura presenta características individuales como son el número de dientes presentes y ausentes en las arcadas, tipo de restauraciones y material empleado en ellas, anomalías de forma, tamaño y/o posición de los dientes, así como el uso de prótesis y dispositivos ortodóncicos. Todos estos datos imposibilitan la existencia de dos personas con denticiones iguales. 
Generalmente, el procedimiento empleado por la Odontología Forense se basa en la comparación de los datos y registros dentales ante-mortem con los obtenidos post-mortem mediante la autopsia bucal. La historia clínica dental que se lleva de rutina en todo consultorio odontológico contempla un odontograma donde el profesional registra mediante símbolos, las piezas dentales presentes y ausentes, así como el número y tipo de restauraciones dentales. Otros datos que se incluyen en este documento son las rehabilitaciones protésicas, así como cualquier otro tipo de tratamiento realizado. Sin embargo, cuando ocurre un desastre masivo estos registros no siempre existen o no están disponibles debido a la falta de un archivo central, por lo que su búsqueda puede resultar un proceso prolongado y frustrante, especialmente cuando las víctimas son civiles. 
Ante estas circunstancias y considerando la dificultad que representa el grave deterioro de los restos cadavéricos, los esfuerzos que realizan las autoridades competentes en el proceso de identificación de las víctimas de un desastre masivo pueden resultar infructuosos, siendo frecuentemente elevado el número de cadáveres en los cuales no es posible establecer la identidad, sobre todo cuando no se dispone de tecnologías avanzadas para el análisis de muestras, como ocurre en nuestros países latinoamericanos. Se han reportado casos donde la falta de condiciones ideales para el almacenamiento de los cadáveres y la necesidad de implementar medidas que prevengan un inminente brote epidémico infeccioso debido a la contaminación ambiental, han obligado a proceder con la inhumación de los restos, aunque no se haya logrado la identificación plena de las víctimas. No obstante, si después de la sepultura, los familiares, odontólogos tratantes u otras personas interesadas proporcionan alguna nueva evidencia o información relevante, que una vez confrontada con los hallazgos descritos en los informes de las autopsias médicas y odontológicas ofrecen la posibilidad de una identificación positiva, se procede cumplidos los trámites legales y sanitarios, a la realización de la exhumación de los restos y a practicar una nueva autopsia bucal, así como a la valoración de cualquier nuevo hallazgo que pueda contribuir a la identificación del cadáver. Es práctica común en estos casos, la realización de una ronda de reconocimiento visual, en la que participen familiares o allegados a la víctima. Es en este momento, cuando cobra importancia la conservación del aspecto facial en el cadáver, la cual depende de factores como la data y causa de la muerte, el avance del proceso de descomposición, el tipo y material empleado en el embalsamamiento de los cadáveres y la metodología utilizada para lograr el acceso a la cavidad bucal, que en conclusión resultan determinantes para el logro del establecimiento de la identidad que se investiga. 
En términos generales, el proceso de exhumación de un cadáver tiene entre sus objetivos, aclarar interrogantes en cuanto al origen y circunstancias que rodearon la muerte, así como también establecer la identidad o confirmar una identidad pre-establecida, cuando nuevos elementos aportados por las investigaciones arrojen dudas sobre la veracidad de la misma. En los protocolos de autopsia bucal durante un procedimiento de exhumación, además de los pasos rutinarios han de considerarse variables como el grado de conservación del cadáver y la forma como fueron preservados los restos, debido a la dificultad que puedan generarse en cuanto al manejo de los tejidos. Con esta segunda autopsia bucal se persigue corroborar los hallazgos y las descripciones realizadas en la autopsia bucal previa a la inhumación. Además, el procedimiento permite la confrontación de nuevas evidencias, especialmente las dentales, así como la realización de nuevas rondas de reconocimiento por parte de las personas cuyo estado emocional en el momento inmediato a la tragedia les impidió realizar una observación objetiva de los cadáveres o que, anteriormente no tuvieron la oportunidad de participar en el proceso de identificación del individuo fallecido. 
En el presente trabajo se reporta la exhumación con fines forenses de cuatro victimas no identificadas provenientes de la Masacre de la Cárcel de Sabaneta, ocurrida el 3 de enero de 1994, en Maracaibo, Venezuela, a las cuales se les había practicado la autopsia bucal antes de su inhumación.




Bibliografía: 

Fereira Paz J.L., Espina de Fereira A., Barrios Ferrer F., Espina Rojas O.. Autopsia bucal post-exhumación en víctimas de un desastre masivo: Masacre de la Cárcel de Sabaneta, Maracaibo, Venezuela. Cuad. med. forense  [revista en la Internet]. 2002  Oct [citado  2015  Oct  08] ;  (30): 23-32. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-76062002000400002&lng=es.

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